Las cooperativas de ahorro y crédito solicitan que se les brinden las condiciones necesarias para salir al rescate de los emprendedores.
Para ello piden a los diputados la aprobación del proyecto de ley 20.256 que presentaron hace cinco años para que se les permita financiar a personas jurídicas y no solo a físicas, como hasta ahora.

Así podrán incluir en su cartera de clientes a las micro, pequeña y medianas empresas (mipymes).

Justamente esta propuesta fue respaldada por la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria (Canaess) al incluirla en los diez puntos para la recuperación económica que le planteó al Poder Ejecutivo.

De aprobarse el plan cooperativo, el sector estima que podría asistir a unos 150 mil asociados, dándole prioridad a los 85 mil que, según sus estimaciones, son los más vulnerables a la crisis.

Las mipymes representan más del 95% de las empresas constituidas en el país. Hasta antes de la crisis eran 134 mil y generaban casi el 35% de los empleos, ocupando a unas 320 mil personas.

Pero, a pesar de su impacto en la economía y aunque la oferta de fondos es diversificada, la influencia del Sistema de Banca de Desarrollo sigue siendo limitado, según el estudio Inclusión financiera de la pequeña y mediana empresa en Costa Rica.

“En todos los barrios hay gente vendiendo comida o elaborando cualquier cantidad de productos porque perdieron el empleo y no podemos ayudarles en ese esfuerzo, porque la legislación no nos lo permite”, justificó José Eduardo Alvarado, gerente general de Coopenae, la importancia del proyecto.

Es el momento de avanzar con la iniciativa para salir al rescate de este sector ante la gran necesidad que sufren algunas familias, consideró Alvarado.
La cartera de créditos del sector cooperativo de ahorro y crédito supera los ¢2,5 billones, un 11,3% del total del sistema financiero.