En el 2014 el Ministerio de Seguridad Pública inició un proceso para poner en orden, supervisar y controlar el ejercicio de las empresas de Seguridad Privada en beneficio de quienes reciben este servicio, proceso de estudio e implementación que concluyó el pasado lunes 20 de junio del 2016.
Dicho estudio arrojó como resultado un actualizado Sistema Control Pas como medida de registro y control, el establecimiento de nuevos requerimientos para la inscripción de Empresas de Seguridad Privadas y un control efectivo para el uso de armas de fuego en ese sector.
Esto como derivación de dos objetivos claros, uno operativo que apostó a que el servicio de ellas sea totalmente preventivo, civilista, de apoyo real para la Fuerza Pública y demás autoridades, así como incrementar la seguridad ciudadana, mayor desarrollo de la seguridad electrónica y oficiales de seguridad mejor capacitados. Por otro lado, un objetivo social relacionado con el cumplimiento de jornadas de trabajo, salarios acorde con la Ley, el cumplimiento de obligaciones con la CCSS, pólizas de riesgo, oportunidad para trabajadores con baja escolaridad y estabilidad económica familiar para contrarrestar el riesgo de delincuencia.
Como parte de estos esfuerzos, se logró además una integración institucional para formalizar y controlar el ejercicio de las empresas de Seguridad Privada. Como paso último de este proceso, se emitirá una directriz que controla el uso de armas de fuego en servicios de Seguridad Privada donde quien justifique y razone la necesidad de brindar el servicio con Agentes Armados, mediante una Evaluación de Riesgos de Seguridad, podrá gozar con esa posibilidad, de lo contrario será denegada.
“Nos complace informar que tenemos un control total sobre las empresas de seguridad privada. Aproximadamente un año nos costó realizar un estudio, ya que al inicio se desconocía la cantidad de empresas y agentes de seguridad privada. Habían 1500 empresas de seguridad y al hacer el análisis tenemos 632 empresas de seguridad registradas, con todos los requerimientos de Ley; las restantes trabajaban en la ilegalidad y generan una incertidumbre en el mercado, pues al estar ilegal a los agentes no se les paga las cargas sociales, se les despide de forma injusta; pero ahora llegamos a clarificar las empresas que sí están legales en el país”, informó el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata Vega.
Para ello, las personas físicas o jurídicas interesadas en continuar recibiendo servicios de seguridad privados con oficiales armados deberán justificarlo de forma técnica y razonada con base en un estudio que deberá ser elaborado y firmado por un profesional que acredite amplia experiencia en el área de seguridad y debidamente incorporados al Colegio Profesional respectivo. Dicha justificación deberá ser presentada ante la Dirección de Servicios Privados de Seguridad, cuyos funcionarios junto con la Dirección General de Armamento evaluarán los riesgos de seguridad y avalará o no el uso de las armas.
Eric Koberg, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES) comentó “en la Asociación celebramos las acciones tomadas por el Ministerio de Seguridad Pública para formalizar y ordenar el sector de la seguridad privada. Tenemos varios años de estar trabajando muy de cerca con este Ministerio así como con el de Trabajo, para procurar no solo orden, sino también el respeto a los derechos laborales de los cerca de 28 mil agentes de seguridad privada registrados en el país. Sabemos que aún queda mucho por hacer y seguiremos aportando nuestro trabajo, tiempo y esfuerzo para que la total formalización del sector sea una realidad”.
En la actualidad existen 846 empresas de seguridad privada con autorización, 626 vigentes en Control Pas y 715 empresas con licencia vencida. Por otra parte, existen 1368 agentes inscritos en Control Pas sin permiso de armas, 26.145 agentes inscritos en Control Pas con permiso de armas vidente y 27.513 agentes inscritos en Control Pas.
Por su parte el Director de los Servicios Privados de Seguridad, Roberto Méndez, presentó parte del estudio realizado en el que destacó que “se ha determinado que las personas que contratan los servicios de seguridad privada siempre piensan en el oficial armado, sin considerar un estudio que así lo justifique. Ya que el oficial debe contratarse para prevención, no para confrontación, porque hay implicaciones legales”.
“Hemos destacado los accidentes con armas de fuego, por mal uso, custodia o manipulación de estas. Tenemos una alta incidencia en empresas y agentes que puede incluirles lesión o muerte de los servidores. La ciudadanía corre un riesgo exponencial al tener oficiales de seguridad armados”, destacó Méndez.
Si alguna comunidad o persona física o jurídica quiere obtener información sobre el estado en el que se encuentra una empresa de seguridad privada, de previo a ser contratada, puede ingresar a www.controlpas.go.cr o en www.seguridadpublica.go.cr (apartado de Seguridad Privada).
