La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) hace un fuerte llamado al Poder Ejecutivo en el contexto de la Emergencia Nacional por COVID-19.

“Señor presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, es urgente la publicación del decreto de desabasto para brindar seguridad alimentaria al país ya que los mercados están muy convulsos y los países están tomando medidas drásticas de acaparamiento de alimentos”, reza un comunicado de Conarroz.

Según esta organización “a raíz de argumentos infundados y que carecen de veracidad divulgados en diferentes medios de comunicación, se vislumbra un riesgo eminente a la colocación de la producción nacional y al aumento del precio al consumidor en época de escasez mundial generada por la pandemia.

Agrega: “diferentes grupos están ejerciendo presión al Gobierno para liberar el precio del arroz y evitar el correcto abasto que el país ocupa, lo que provocará la desaparición del sector arrocero y una escalada en el precio sin precedente”.

En el segundo semestre del año se estima que 28 mil hectáreas de arroz estarán en riesgo de perderse. Los productores nacionales producen alrededor de 2,8 millones de quintales los cuales generan más de 22 mil puestos de trabajo en las zonas rurales, las cuales hoy día son las zonas más afectadas por la pandemia del COVID-19.

El análisis del mercado internacional muestra la disminución considerable de disponibilidad del arroz y un aumento súbito del precio. Se estima que, para Costa Rica, de eliminarse la regulación se podría duplicar el precio actual.

Diferentes grupos prefieren liberar el precio para importar todo el arroz que consume el país y así dejar desempleados a miles de costarricenses, y con ello beneficiar a productores arroceros extranjeros. Estos grupos se caracterizan por tener una trayectoria aperturista.

Importante mencionar que toda importación por desabasto que realice la Corporación Arrocera Nacional amparada a la ley No 8285 es contemplada en la fijación de precios que establece el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con lo cual se traslada el precio del mercado internacional en beneficio del consumidor. Por lo tanto, el arancel que deja de percibir el Gobierno con las importaciones de desabasto se traslada directamente al consumidor al tener un precio regulado.

Cabe señalar que los empacadores de arroz (importadores) no compran la cosecha nacional y procuran la destrucción del sector.